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El Gobierno Nacional expidió el Decreto 463 de 2016, por el cual modifico el artículo 4 del Decreto 2755 de 2003, ampliando el alcance de la exención para el sector hotelero.

El artículo 4 del Decreto 2755 de 2003 consagro como renta exenta para efectos del impuesto sobre la renta, aplicable para el establecimiento hotelero o el operador según su caso, aquellos ingresos provenientes de la prestación de servicios suministrado por los hoteles que se construyeran a partir del 1 de enero de 2003, por un término total de 30 años contados, a partir del año gravable 2003.

Para efectos de la aplicación del beneficio, la construcción del hotel debía iniciarse y terminarse en los 15 años siguientes a partir del año 2003, con la aclaración además que, no cobija a los ingresos obtenidos por los moteles, residencias y similares.

Con el Decreto 463 del año 2016, se amplía la aplicación del beneficio tributario al modificar el concepto de “nuevos hoteles” para efectos de la exención, señalando que, se refiere a los hoteles construidos o que puedan demostrar un avance en la construcción de sus infraestructura de al menos el 61% entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017.

Asi las cosas, para el acceso al beneficio ya no será necesario que el hotel esté totalmente construido para el 31  de diciembre de 2017, sino que se pueda demostrar un avance (considerable) en su proyecto de construcción.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es la entidad que debe verificar el estado de la construcción y este a su ves deberá certificar a la DIAN el estado de avance de la construcción. 

Es evidente que con la ampliación del beneficio lo que pretende el Gobierno Nacional  es dar un apoyo al sector que ha sido muy importante para el desarrollo económico del país en la última década, al permitir la construcción de un poco más de 32.000 habitaciones nuevas, en inversiones que superan los tres billones de pesos  y, por supuesto, darle un pequeño “respiro” a algunos empresarios e inversionistas que, se han visto afectados por el aumento efectivo de la tasa impositiva a causa de las últimas reformas  tributarias realizadas en Colombia a partir del 2012.