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La Superintendencia de Industria y comercio ha invitado a revisar cuáles son las responsabilidades que le competen a los representantes legales de las empresas y sobre quién recaen las multas y acciones penales.

Lo primero que es importante recordar es que el representante legal es la única persona que está facultada para comprometer con su firma a la organización y ejecución de todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social y que se relacionan directamente con la existencia y el funcionamiento de una empresa.

Su carta de navegación está claramente definida en los estatutos de la organización que precisan los poderes, deberes y obligaciones que los representantes legales tienen en desarrollo de sus funciones, entre los que se destacan acciones como las de aprobar, ejecutar, nombrar, adquirir, arrendar, contratar, pagar obligaciones y firmar toda clase de documentos.

Pero existen también claras limitaciones, no solamente en cuanto a la cuantía de los actos que el representante legal puede autorizar, sino en lo referente a acciones no éticas que este podría ejecutar, como el tomar en beneficio propio o en el de familiares y terceros, servicios o bienes dela empresa, así como créditos otorgados a la compañía. También el de aprovechar oportunidades y ventajas comerciales a las que hubiera tenido acceso en razón de su cargo, especialmente si esta pudieran llegar a constituir un perjuicio para la compañía.

La Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia para investigar a las empresas sospechosas de realizar prácticas de competencia desleal, así como a los representantes legales y a todos los funcionarios que presuntamente participaron en la comisión de los hechos. Las multas establecidas en estos casos para los representantes legales van hasta $1.800 millones que la sociedad no puede asumir y las que se anuncian para las empresas llegan hasta $60.000 millones.

Aunque existen seguros que amparan a los miembros de juntas directivas y representantes legales, por pérdida que se derive de cualquier reclamación de la que resulten civilmente responsables, por “actos incorrectos” cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Son muchos y muy costosos los errores que un representante legal puede llegar a cometer en el desempeño de sus funciones, especialmente en temas como el laboral y tributario, que ameritan la contratación de asesores especializados que blinden a la compañía frente a posteriores reclamaciones y millonarias indemnizaciones.

LA REPÚBLICA